Desde que en marzo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que se tratará en el Congreso una nueva ley de propiedad de la tierra, muchas fueron las voces que se alzaron a favor y en contra de la iniciativa. Mientras que la medida persigue elevar los límites de la compra de terrenos en el país a los extranjeros, aún no se debate sobre la verdadera y originaria propiedad de la tierra, la de los pueblos originarios.
Resulta indiscutible la necesidad de limitar la compra de tierra. Entre otras cosas, Argentina posee una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, el Lago Escondido, ubicado en Río Negro, y comparte junto con Brasil y Paraguay el territorio superficial del Acuífero Submarino Guaraní, la reserva potable más grande del mundo. Sólo en este sentido, se hace menesteroso delimitar la compra de terrenos y catalogar, zonificar, las regiones destinadas a la venta y aquellas que por su carácter no renovable son patrimonio del Estado. Son suculentos objetivos.
Sin embargo, a pesar de que uno de los principios del derecho dicta que la leyes se sancionan por orden de necesidad y sobre todo si hablamos de un gobierno que destina gran parte de su retórica a la restitución histórica, resulta curioso como aún no se ha debatido, aunque ni debate haría falta, una ley que restituya las tierras a los verdaderos dueños de estos suelo.
Si bien es atendible que ellos como nosotros, criollos post modernos, somos igualmente lejanos de los mártires que la colonización masacró, también es irrefutable que la mayoría de las comunidades originarias que hoy subsisten, o sobreviven, son herederos naturales, consanguíneos, de los primigenios habitantes.
Si ésta, la herencia natural y genuina, es una verdad casi indiscutible, cuesta creer que es sólo una traba legal la que impide este tratamiento. Las comunidades plantean la necesidad de no establecer poseedores directos, es decir titularidades del terreno, sino zonificar y asignar la propiedad a nombre de la comunidad. Ellos, los representantes de los pueblos originarios, sostienen que la tierra no es de nadie en particular y que somos nosotros los encargados de contenerla y no viceversa. Surge aquí una incógnita: ¿la ley que promueve el Estado nacional, sobre todo en sus aristas de protección ambiental, no establece la privación de las tierras porque son de propiedad nacional? ¿No es el mismo concepto para dos delimitaciones comunitarias? Parece que por haber quedado fuera del progreso, por no haber vendido su centenaria cultura en aras de la burocracia, cientos de nuestros compatriotas, naturales de nuestro pasado, no guardan el menor derecho.
La ley de propiedad de la tierra que impulsa el oficialismo es absolutamente necesaria. No cabe duda que proteger la tierra es proteger nuestros recursos y que en todo país es necesaria la inversión extranjera, motivo por el que la mandataria exigió una ley “inteligente” y remarcó que “no debe ser ni xenófoba ni chauvinista”, pero en materia protección, propiedad y desarrollo, aún quedan afuera los pueblos originarios. Quizá, tras la sanción, la tierra no se remate. Tampoco se devolverá.
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